La instalación de nuevas cámaras de fotodetección en la Vía al Mar generó una ola de cuestionamientos entre autoridades, congresistas, transportadores y representantes de distintos sectores, quienes respaldaron la solicitud de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para suspender la puesta en funcionamiento de los últimos tres dispositivos instalados en este corredor vial.
La ministra pidió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial detener la entrada en operación de las cámaras, en medio de las críticas por el número de dispositivos ubicados en la vía y por el impacto que los comparendos podrían tener sobre los conductores. La solicitud recibió el respaldo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien cuestionó lo que calificó como posibles intereses económicos detrás de estos mecanismos.
Desde el Congreso también hubo pronunciamientos. El senador barranquillero Gonzalo Baute manifestó su rechazo a que las fotomultas puedan convertirse en un negocio que termine afectando económicamente a los ciudadanos. A su vez, el senador Pedro Flórez recordó que en la Comisión Sexta se discutió recientemente la finalidad de los sistemas de fotodetección y pidió que las autoridades hagan públicos los estudios técnicos que justifican la ubicación de cada cámara.
Flórez sostuvo que también deben explicarse las razones para establecer los límites de velocidad y definirse desde el inicio los indicadores que permitan determinar si las cámaras están contribuyendo realmente a reducir los accidentes de tránsito. Para el congresista, estos dispositivos deben priorizar la prevención y la protección de vidas por encima de la imposición de comparendos.
La posición del senador hace parte de un proyecto de ley radicado el pasado 22 de julio, con el que busca establecer criterios específicos para la instalación, funcionamiento y permanencia de los sistemas de fotodetección en Colombia. La iniciativa plantea, entre otros aspectos, que la eficacia de una cámara no sea determinada por la cantidad de multas generadas, sino por resultados verificables en materia de seguridad vial.
De acuerdo con la propuesta, para mantener la autorización de un punto de fotodetección debería demostrarse que su funcionamiento genera mejoras en indicadores como el número de siniestros, personas lesionadas, fallecidos, infracciones y comportamiento de la velocidad.
El sector transportador también se sumó a las críticas. La Asociación Colombiana de Camioneros consideró acertada la decisión de suspender las nuevas cámaras y planteó la necesidad de revisar directamente en la vía tanto los dispositivos como la señalización y los estudios que sustentaron su autorización.
La medida igualmente recibió respaldo desde otras regiones del Caribe. El gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, calificó de acertada la posición de la ministra, mientras que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y la representante a la Cámara por ese departamento, María Camila Salas, también expresaron su apoyo.
La controversia se mantiene mientras se espera que las autoridades determinen el futuro de las tres cámaras cuya entrada en operación fue cuestionada y revisen los criterios técnicos que sustentan la instalación de estos dispositivos en la Vía al Mar.